La compañía siderúrgica Sidersa confirmó la puesta en marcha de una de las inversiones industriales más importantes en los últimos años para el norte bonaerense: la construcción de una acería de última generación en San Nicolás, con una inversión estimada en 300 millones de dólares.
Este ambicioso proyecto cuenta con el respaldo del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) nacional y con un esquema normativo aprobado por la Municipalidad de San Nicolás. Sin embargo, aún espera una señal clave desde la Provincia de Buenos Aires.
La administración de Axel Kicillof aún no reglamentó el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE), creado por ley en noviembre de 2024 y aprobado por ambas cámaras legislativas bonaerenses. La reglamentación del RPIE es fundamental para garantizar beneficios fiscales y previsibilidad para el desarrollo industrial a gran escala.
“Contamos con el respaldo de herramientas fundamentales como el RIGI nacional y el RIGI nicoleño, que nos brindan estabilidad para avanzar en inversiones de esta magnitud. Ahora esperamos la reglamentación del régimen provincial”, señaló Hernán Spoto, presidente de Sidersa, durante el anuncio oficial realizado la semana pasada.
El proyecto Sidersa+ no solo representa una inversión histórica, sino también la generación de miles de empleos calificados, el fortalecimiento de proveedores locales, innovación tecnológica, sustitución de importaciones, exportaciones con valor agregado y un compromiso con la equidad y la sostenibilidad ambiental.
Estos ejes están alineados con la ley provincial N° 15.510, que creó el RPIE pero que aún no fue reglamentada.
El respaldo también llega desde el sector sindical. El diputado provincial de Unión por la Patria y referente de la UOM, Naldo Brunelli, acompañó a Spoto en una reunión con el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, para impulsar la incorporación del proyecto al régimen provincial.
Según la normativa vigente, inversiones mayores a 200 millones de dólares pueden acceder al máximo nivel de beneficios fiscales, incluyendo estabilidad impositiva por 30 años, exenciones parciales en Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos, y otros incentivos vinculados al empleo, tecnología y equidad de género.