El Ejecutivo bonaerense demandó al Estado Nacional ante la máxima corte del país. Exige casi 50 mil millones por subsidios de transporte y educación.
El gobernador Axel Kicillof presentó dos demandas ante la Corte Suprema para reclamar que el Gobierno de Javier Milei le restituya casi 50 mil millones de pesos, por los montos que no fueron derivados a su distrito en materia de transporte y educación.
La primera de las demandas remite a una medida cautelar y una “acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional” en donde solicita que “se declare la plena vigencia y eficacia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)” que a fecha supera los “$42.000.000.000 más intereses”.
Esta presentación ante la Justicia es la materialización de lo que Kicillof había insinuado en más de una oportunidad, cuando acusaba a Milei de “sacarle la plata del bolsillo a los docentes”. Sin embargo, desde la Rosada ratificaron su postura. “El Fondo de Incentivo Docente no existe más”, dijo el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el mes pasado, en una reunión con los ministros de Economía de las 24 provincias.
También desde la administración bonaerense presentaron una segunda demanda contra el Estado Nacional por la “plena vigencia” del “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajes por automotor urbano y suburbano del interior del país”. Se le pide a la Corte que exija al gobierno de Milei la “transferencia inmediata y efectiva de los montos devengados en concepto del Fondo Común de Inversión (FCI) desde 2023, con más intereses, hasta el dictado de la sentencia definitiva”. En este caso el monto reclamado es alrededor de 5.000 millones de pesos.
“Es la Corte Suprema la que tiene que resolver conflictos entre provincias y Nación por los recursos que el presidente se manoteó diciendo que eran fondos discrecionales. No es legal hacer eso”, planteó días atrás Kicillof.
En tanto, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, destacó que frente al recorte de los fondos “lo primero que hicimos fue agotar todos los reclamos por vía administrativa. Ninguno fue contestado por lo que, a través de la Asesoría General de Gobierno se confeccionó la demanda que se presentó ante la Corte Suprema de la Nación”.
No obstante, señaló que, ante la quita de fondos, el impacto fue mayor en “todo el transporte público del interior, siendo la Provincia la que sigue sosteniendo lo que le corresponde y más”.