En la última sesión del Concejo Deliberante de San Nicolás, el bloque oficialista que responde al intendente Santiago Passaglia y el de La Libertad Avanza aprobaron la adhesión al RIGI (Ley 27.742), que establece una exención del 50% en la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene para grandes empresas por los próximos 30 años. Además, la ordenanza prohíbe la creación de nuevas tasas municipales que puedan gravar a estas compañías en el futuro, generando una pérdida de recursos millonaria para la ciudad.
Actualmente, el municipio recauda más de 13 mil millones de pesos anuales en concepto de esta tasa, ingresos que son fundamentales para sostener los servicios y la infraestructura local. La concejala de Unión por la Patria, Belén Mozzicafredo, fue contundente al criticar esta medida: “El extender esta exención por 30 años implica una pérdida de soberanía en los recursos de la ciudad, no solo para esta gestión sino también para generaciones futuras.”
La iniciativa fue aprobada en la misma sesión en la que ambos bloques rechazaron un proyecto de Unión por la Patria que proponía un alivio fiscal del 30% en la misma tasa para PyMEs locales, comercios y monotributistas. “Es inaceptable que mientras se niega un alivio real para quienes generan empleo y sostienen la economía local, se otorguen beneficios excesivos a empresas que ya habían decidido invertir en la zona”, señaló Mozzicafredo.
Desde el bloque de Unión por la Patria también se cuestionó la falta de controles y garantías en los beneficios otorgados por el RIGI. “Estamos entregando recursos y soberanía a grandes corporaciones sin asegurar mecanismos de sustentabilidad ambiental, lo que podría generar un alto impacto en el medio ambiente, tal como ya hemos visto en otros casos en nuestra ciudad”, agregó Mozzicafredo, refiriéndose a los antecedentes de industrias que han operado sin el debido monitoreo.
Del mismo modo, Mozzicafredo alertó que, las grandes inversiones tendrán controles laxos acerca del origen de sus fondos. Los mismos podrían provenir, según aseguró la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), organismo creado para combatir el lavado de dinero, de la trata de personas y el narco delito.
La presidenta del bloque, Cecilia Comerio, vinculó esta decisión con una visión económica que favorece a los sectores concentrados en detrimento de la industria local. “La matriz productiva está cambiando profundamente, y esto ya lo vemos con el anuncio de despidos en SIDERAR. Mientras tanto, Passaglia y su bloque desoyen a las PyMEs, que son las que verdaderamente necesitan apoyo para sostener el empleo y el desarrollo económico de nuestra ciudad”, afirmó.
Unión por la Patria dejó en claro su rechazo a estas medidas que priorizan a grandes empresas por sobre las necesidades de los vecinos, y reiteró su compromiso con un modelo que fortalezca a las PyMEs, fomente la producción nacional y asegure el desarrollo sostenible para todos los nicoleños.